El papel del Estado de Honduras para proteger los derechos humanos de sus habitantes de la voracidad de empresas

by    /  October 10, 2016  / No comments

The Copan department, left, and Choluteca department, right. Image credit: 1, 2

The Copan department, left, and Choluteca department, right. Image credit: 1, 2

Honduras se convirtió en un parque de venta al mejor postor de su territorio. La llegada del actual presidente Juan Orlando Hernández y sus acciones en el parlamento, previo a sentarse en la silla presidencial ,deja una clara evidencia que el país es una mercancía y no una nación que necesita desarrollo para sus habitantes.

  1. Honduras tiene uno de los índices de asesinato más altos en el mundo. Es también uno de los
    países más peligrosos para los periodistas, según el Índice de la Libertad de Prensa Mundial
    2014, se ubica en el lugar 129 de 180. Los periodistas son amenazados, atacados, y asesinados
    regularmente, a causa de su trabajo. El gobierno de Honduras falla para castigar a los que usan
    la violencia contra los reporteros, esencialmente otorgándoles impunidad. Este espacio será
    dedicado a examinar la falta de protección para los periodistas hondureños quée ejercen su
    profesión. Los temas incluirán el uso de la publicidad patrocinada por el Estado como un
    mecanismo para castigar o compensar publicaciones, y la censura y autocensura como
    obstáculos hacia el progreso democrático.
  2. Nacida en Cofradía, Honduras, Dina Meza ha sido reconocida por PEN Internacional, Amnistía Internacional, Índice de Censura y Periodistas sin Fronteras por su trabajo como periodista y defensora de los derechos humanos. Actualmente, Dina es la fuerza impulsora detrás de la creación del Centro PEN en Honduras. En el 2013, escribió “El Reinado del Terror” (“Reign of Terror”), un reportaje profundo sobre las amenazas a los periodistas hondureños, para la revista del Índice de Censura. En el 2014, fue nombrada una de los “100 Héroes y Heroínas de la Informacion,” por Reporteros sin Fronteras.

Me referiré en esta ocasión  solamente a dos casos: el de la comunidad de Azacualpa, en el departamento de Copán, Occidente de Honduras y a la colonia Victor Argeñal, en el departamento de Choluteca, Sur del país, sus habitantes están sufriendo horriblemente en sus cuerpos las consecuencias de la contaminación ambiental que empresas están ocasionando, sin que  el Estado de Honduras haga nada a pesar que los pobladores han interpuesto denuncias.

En Azacualpa la responsable es la empresa minera Minerales de Occidente, MINOSA, subsidiaria de la compañía canadiense Aura Minerals y la colonia Victor Argeñal se enfrenta al poderío del Grupo Terra y a la empresa española SunEdison.

He tenido contacto con ambas comunidades. Fui a Azacualpa, nadie me contó los daños ocasionados por la minera Aura Minerals. Pude escuchar testimonios de pobladores que contaron el infierno que viven  en sus cuerpos producto de la contaminación de metales pesados que ocasiona la minería a cielo abierto en sus tierras.

Esta comunidad sufrió el acoso constante de todas las instituciones del Estado que acuerparon a Aura Minerals en su proyecto de muerte, presionaron de tal forma que obligaron a Azacualpa a firmar un acuerdo donde la minera logrará sacar a los muertos del cementerio para obtener el oro que está bajo las tumbas y a cambio se compromete a convertir a Azacualpa en otro pueblo fantasma pues la gente debe salir de sus propias tierras.

En un acta de compromiso quedará para la historia quiénes del Estado de Honduras llegaron hasta ese sector para hacer más presión. Si en Honduras algún día hay justicia, esos personajes serán enjuiciados porque cometieron un delito ambiental  y toleraron violaciones a los derechos humanos.

Previo a esta firma las personas de esa zona tuvieron tanta represión que fueron acusados por la minera, el Ministerio Público y la policía actuaron con “mucha diligencia”, no así para hacer su trabajo en las denuncias presentadas por los pobladores las cuales permanecen engavetadas.

En lo que se refiere a la comunidad Víctor Ageñal , unas dos mil familias aproximadamente llevaron ante el Ministerio Público denuncias de los daños ambientales y de salud que les estaba ocasionando esas empresas en apoyo de la Empresa Nacional de Energía Electrica, ENEE, pero sus denuncias fueron engavetadas y a cambio el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Consumidor y de la Tercera Edad tomó los nombres de los denunciantes para iniciarles un proceso judicial en el cual se encuentran enfrentando.

La mayoría son mujeres de más de 60 años. Lo grave acá en este caso es que el Ministerio Público no hizo nada con la denuncia que interpusieron y alevosamente libró un requerimiento fiscal, usó los documentos presentados con número de identidad y descripción de daños ocasionados a sus viviendas por más de tres millones de lempiras, una bicoca para las grandes ganancias que las empresas responsables de los mismos van a obtener en ganancias. El único delito de los pobladores fue protestar por los abusos cometidos por las empresas.

Me tocó ir el 14 de septiembre pasado a la Audiencia Inicial contra unos 42 pobladores. Allí estaba el fiscal Jhony Bladimir Dubón Burgos quien les tomó la denuncia. Antes de la audiencia fue tan descarado que les dijo a tres de los pobladores “miren no crean que no les he hecho caso a la denuncia, allí vamos avanzando….” Y unos minutos después ratificó el requerimiento fiscal que él tramitó por  Delito contra los Servicios Públicos y contra la población del Estado de Honduras.

Pude ver las caras de los hombres y mujeres acusados. La desilusión en un sistema de justicia que muerde a los descalzos y protege a los poderosos. Observé una jueza coludida con la injusticia y quien ratificó el auto formal procesamiento para que siga el proceso penal hasta el juicio oral y público. No aceptó una petición del abogado defensor que la organización ACI-Participa ha delegado para representar a los pobladores. El abogado le dijo a la jueza que en la audiencia se estaba cometiendo una arbitrariedad pues debía estar la Procuraduría General de la República, pero la togada le dijo que le rechazaba la solicitud.

Una anciana con lágrimas en sus ojos me relató que vive sobre el infierno. Su casa está a pocos pasos de donde se instaló energía fotovoltaica, ella me contó que su vivienda tiembla producto de las operaciones de las empresas Terra y SunEdison y el calor es infernal, “es tan espantoso vivir allí pero no tengo donde irme. Los pájaros se mueren del calor y nosotros nos ahogamos. A mí se me sube la presión y he estado en el hospital donde el doctor que me mira me dijo que me fuera de allí si no quería morir”, expresó la anciana.

En suma el Estado de Honduras no protege los derechos humanos de sus habitantes y se colude con las empresas para que los violen. La población está en total desprotección . Entonces que le queda a la ciudadanía, pues es ejercer su derecho a vivir en paz y desarrollo y ejercer su derecho a proteger su medioambiente.

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