Negar lo obvio para tapar el sol con un dedo

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Llamar al pan, pan y al vino, vino, es una normalidad en muchos países, pero en Honduras eso es prohibido.

Ya quedan alrededor de tres semanas para que el Estado de Honduras sea sometido al segundo ciclo del Examen Periódico Universal, EPU. Tendrá que dar cuenta si cumplió con las 129 recomendaciones que los países integrados en el Concejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas le hicieran en noviembre de 2010.

  1. Honduras has one of the world’s highest murder rates. It is also one of the most dangerous countries to practice journalism, ranking 129th out of 180 in the 2014 World Press Freedom Index. Journalists are regularly threatened, attacked, and killed for their work. The Honduran government fails to punish those who use violence against reporters, essentially granting them impunity. This space will be dedicated to examining the lack of protection for Honduran journalists exercising their profession. Topics will include the use of state-sponsored advertising as a mechanism to reward or punish publications, and censorship and self-censorship as hindrances to democratic progress.
  2. Born in Cofradía, Honduras, Dina Meza has been recognized by PEN International, Amnesty International, Index on Censorship and Reporters without Borders for her work as a journalist and human rights advocate. Currently, Dina is the driving force behind the creation of Honduras PEN Centre. In 2013, she wrote “Reign of Terror,” an in-depth report on threats to Honduran journalists for Index on Censorship’s magazine. In 2014, she was named one of Reporters Without Borders’ “100 Heroes and Heroines of Information.”

Hasta Ginebra llegaron al pre EPU organizaciones de la sociedad civil hondureña, acompañadas por sus pares internacionales. La Red de Derechos de la Niñez y la Juventud, COIPRODEN; Asociadas por lo Justo, JASS; Franciscan Honduras, Pen Honduras y la Coalición contra la Impunidad. Con el apoyo de Pen Internacional, Franciscan International, Article XIX.

Todas estas organizaciones desde sus agendas de trabajo relataron al Consejo de Derechos Humanos que Honduras tiene una crisis de derechos humanos.

En mi caso me tocó participar como Pen Honduras y describir que la libertad de expresión está bajo grave riesgo. El 91 por ciento de los casos de asesinatos de periodistas están en la impunidad; decenas están amenazados, otros se fueron al exilio, y la gran mayoría ha optado por autocensurarse para proteger su vida.

Previo a la llegada a Ginebra de la delegación hondureña, el gobierno de la República realizó una incursión mediática para desprestigiar la presencia de las organizaciones ante el Consejo de Derechos Humanos. Señaló que se echó a andar una campaña de desprestigio contra el Estado hondureño y que habían personas vinculadas con partidos políticos que querían hacerle daño al gobierno.

En la década de los 80 sucedía algo parecido cuando diversos sectores señalaban que se estaban produciendo violaciones graves a los derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas de personas. En aquel tiempo se vinculaba a cualquiera que hablara contra la realidad ,con el comunismo.

En el informe enviado por el Estado de Honduras ante el Concejo de Derechos Humanos señala que ha cumplido con la mayoría de las 129 recomendaciones.

Coloca como un logro la llegada al país de los relatores de libertad de expresión, de derechos de mujeres y de defensores, argumentando la apertura demostrada por el gobierno, sin embargo lo que no dice es que estas personas llegaron a Honduras por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas, además no señala que las recomendaciones que han dejado estas instancias lejos están de cumplirse.

Otro de los logros que señala el Estado es la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, otra Ley que se convierte en papel mojado pues no se aplica.

Como carta bajo la manga también está la Ley de Protección a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, la cual estuvo engavetada unos dos años, y solo se aborda cuando hay señalamientos internacionales de incumplimiento a las recomendaciones del EPU 2010. Actualmente todavía está en discusión, aún faltan artículos para que se apruebe. Pero es muy seguro que cuando Honduras vaya el 08 de mayo a Ginebra al EPU2015, dicha Ley será promocionada como otro compromiso cumplido.

En la discusión sobre dicha Ley, a través de la comisión de dictamen, un diputado del partido de gobierno señaló que las personas que estuviesen amenazadas y que vivieren fuera de la capital donde no hubieren oficinas de la instancia encargada del mecanismo de protección, debían ir a la posta policial más cercana a hacer la denuncia y que esta institución enviaría la denuncia al mecanismo.

Eso es terrible cuando los perpetradores en la mayoría de los casos son agentes del Estado. Es muy probable que lo que pasa ahora con las denuncias por violaciones a derechos humanos que los culpables son avisados desde el Ministerio Público o la policía que les están denunciando y se inician las amenazas contra la persona afectada para que desista de la denuncia.

La vinculación de campañas de desprestigio con la mala imagen internacional no es una reacción contundente contra la impunidad sino un signo de la debilidad de los argumentos que el Estado lleva al Concejo de los Derechos Humanos.

Lo ideal sería que en vez de una respuesta reactiva por el gobierno éste fuera proactivo, es decir en vez de tratar de amedrentar a las personas que denuncian, se debería actuar con proactividad, es decir que debe escuchar, evaluar y actuar contra los responsables, pero eso no sucede, o sea que se niega lo obvio para ocultar la verdad.

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