Los renglones torcidos de la justicia hondureña

by    /  February 18, 2015  / No comments

La justicia de Honduras es conducida por uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. Su accionar que debería ser de acuerdo a lo que dicen las leyes, en la mayoría de los casos es por influencias políticas o económicas.

  1. Honduras has one of the world’s highest murder rates. It is also one of the most dangerous countries to practice journalism, ranking 129th out of 180 in the 2014 World Press Freedom Index. Journalists are regularly threatened, attacked, and killed for their work. The Honduran government fails to punish those who use violence against reporters, essentially granting them impunity. This space will be dedicated to examining the lack of protection for Honduran journalists exercising their profession. Topics will include the use of state-sponsored advertising as a mechanism to reward or punish publications, and censorship and self-censorship as hindrances to democratic progress.
  2. Born in Cofradía, Honduras, Dina Meza has been recognized by PEN International, Amnesty International, Index on Censorship and Reporters without Borders for her work as a journalist and human rights advocate. Currently, Dina is the driving force behind the creation of Honduras PEN Centre. In 2013, she wrote “Reign of Terror,” an in-depth report on threats to Honduran journalists for Index on Censorship’s magazine. In 2014, she was named one of Reporters Without Borders’ “100 Heroes and Heroines of Information.”

No es igual que un pobre vaya a un juicio a cuando lo hace un rico o alguien que es parte de los sectores con mucho poder. Mientras al pobre le mandan a la cárcel por lo general sin pruebas, al poderoso lo dejan libre aunque haya cometido delitos de lesa humanidad o esté involucrado en actos de corrupción, en el peor de los casos le envían a arresto domiciliario. Al pobre le colocan grilletes en sus manos y pies y lo exhiben como delincuente peligroso. Al rico o poderoso le colocan barreras de policías y militares para que no le enfoquen su rostro y le permiten cualquier tipo de comodidades. La justicia besa
el puñal de oro y castiga a los descalzos.

El sistema de justicia deja en desprotección a la mayoría de la población hondureña, no solo al pobre sino a quienes defienden derechos.

Sobre este punto quiero poner como ejemplo dos casos, el de un periodista y el de una defensora de derechos de las mujeres. Ambos con querellas por ejercer el derecho a la libertad de expresión y al derecho a defender los derechos humanos.

Me refiero al caso de Julio Ernesto Alvarado, quien por el simple hecho de tener como invitado a un catedrático de la Universidad Nacional que denunció actos de corrupción de una colega suya, le penalizaron solo por ser un vehículo para canalizar esa denuncia. Un año y cuatro meses fue la sentencia contra el comunicador social y además, suspensión de la profesión periodística.

Este caso es emblemático para el ejercicio del periodismo pues llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , CIDH, la cual emitió una medida cautelar donde solicita al Estado de Honduras suspender la sentencia mientras se estudia el caso de fondo porque vulnera derechos fundamentales y promueve la censura en los periodistas.

El Estado de Honduras está renuente a cumplir esta medida, mientras el periodista está muy alegre con la resolución pero la querella laceró gravemente el derecho a expresarse libremente, “hoy hago un periodismo rosa porque tengo temor que me
lleven a la cárcel y me suspendan del periodismo”, me dijo con mucho pesar Julio Ernesto Alvarado.

En otra zona del país otro periodista enfrenta el poder de una alcaldesa que lo llevó a juicio porque él escribió en su facebook que un puente valía mucho dinero. La mujer llevó como apoderado legal a un abogado de la alcaldía que ella dirige y el
Juzgado admitió semejante ilegalidad en una acción que es de orden privado.

El otro caso es el de Gladys Lanza, defensora de derechos humanos de las mujeres. Un hombre con mucho poder político y esposo de una diputada del partido Liberal, la llevó a juicio también a través de una querella porque ella y su organización, el
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, el cual coordina, realizaron un plantón frente a las oficinas del denunciado por una mujer de acosarla laboral y sexualmente.

El juicio avanzó súper rápido. Un Tribunal de Sentencia emitió una resolución el pasado 28 de enero condenándola a más de una año de prisión. Se sabrá el tiempo exacto el 25 de febrero cuando este tribunal individualice las penas, es muy probable la suspendan de la coordinación de su organización o les paralicen sus cuentas bancarias, así como avanza la arbitrariedad de una justicia parcializada, todo puede suceder.

Yo estuve los dos días que se desarrolló el juicio. La jueza que coordinaba el tribunal no escondía su parcialización con el querellante, le permitió de todo en la sala, hasta que ofendiera a las mujeres, mientras a los asistentes al juicio les conminó a no hacer ningún gesto. Un tribunal sin influencias habría valorado las ofensas y vincular el accionar como el prototipo de un agresor.

Acá en este caso lo que se pretende es callar a las organizaciones de mujeres que defienden a las víctimas que llegan a sus oficinas a denunciar. Se profundiza la criminalización de la defensa de los derechos humanos y se violenta el derecho a la
protesta. Como valor agregado se envía un mensaje contundente a las otras organizaciones de mujeres que les pasará lo mismo si defienden a mujeres agredidas por hombres con poder.

El caso que enfrenta Gladys Lanza es un claro ejemplo de cómo en Honduras, así como en otros países de América Latina y el Caribe, el sistema de justicia es utilizado para criminalizar a quienes ejercen legítimamente el derecho a defender los derechos, señaló Amnistía Internacional, en una declaración pública emitida el 11 de febrero.

En conclusión el sistema de justicia de Honduras está corroído por el tráfico de Influencias y una mentalidad patriarcal de quienes lo aplican.

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